Cuando el tratamiento sea efectuado por autoridades públicas o por organismos privados que actúen con arreglo al artículo 6, apartado 1, letras c) o e), el apartado 2 atribuye la competencia a la autoridad de control del Estado miembro de que se trate y declara expresamente inaplicable el artículo 56. El tratamiento basado en una obligación legal o en una misión de interés público o en el ejercicio de poderes públicos nunca entra por tanto en la ventanilla única.

No cuando actúan en el ejercicio de su función judicial, como establece el apartado 3. Ello preserva la independencia del poder judicial, y el considerando 20 explica que el control de tales operaciones de tratamiento puede encomendarse a organismos específicos dentro del sistema judicial del Estado miembro.

No. El apartado 3 se limita a las operaciones de tratamiento efectuadas por los tribunales en el ejercicio de su función judicial, de modo que el tratamiento ajeno a esa función, como la administración del personal judicial, sigue dentro de la competencia de la autoridad de control. El texto no define dónde termina exactamente la función judicial, lo que debe apreciarse a la luz de la finalidad de salvaguardar la independencia judicial reflejada en el considerando 20.

El artículo 56 opera sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 55, por lo que la competencia territorial del apartado 1 sigue siendo la regla de partida. Para el tratamiento transfronterizo, el artículo 56 concentra la competencia para actuar en la autoridad de control principal, salvo en las situaciones cubiertas por el artículo 55, apartado 2, y en los casos locales descritos en el artículo 56, apartado 2.