El apartado 1 remite en particular a la autoridad del Estado miembro de residencia habitual del interesado, de su lugar de trabajo o del lugar de la supuesta infracción. Cuando la reclamación se refiere a un tratamiento transfronterizo, la autoridad que la recibe no es necesariamente la que decide, ya que la competencia puede corresponder a la autoridad de control principal conforme al artículo 56, que actúa a través del procedimiento de cooperación del artículo 60.

No. El apartado 1 exige únicamente que el interesado considere que el tratamiento infringe el Reglamento. Determinar si la infracción se produjo realmente corresponde a la autoridad de control, que conforme al artículo 57, apartado 1, letra f), debe tratar las reclamaciones e investigar su objeto en la medida oportuna.

Conforme al apartado 2 debe informar al reclamante sobre el curso y el resultado de la reclamación, inclusive sobre la posibilidad de acceder a la tutela judicial en virtud del artículo 78. Si la autoridad competente no da curso a la reclamación o no informa al interesado en el plazo de tres meses, el artículo 78, apartado 2, abre la vía de la tutela judicial contra la autoridad misma.

Sí. El artículo 80, apartado 1, faculta al interesado para dar mandato a una entidad, organización o asociación sin ánimo de lucro que actúe en el ámbito de la protección de datos a fin de que presente la reclamación en su nombre, y el artículo 80, apartado 2, permite a los Estados miembros autorizar a tales entidades a reclamar incluso sin mandato.