El apartado 2 contempla tres supuestos. La decisión puede ser necesaria para la celebración o la ejecución de un contrato entre el interesado y el responsable del tratamiento, estar autorizada por el Derecho de la Unión o de los Estados miembros que establezca medidas adecuadas de salvaguardia, o basarse en el consentimiento explícito del interesado.

En virtud del apartado 3 debe adoptar las medidas adecuadas para salvaguardar los derechos, las libertades y los intereses legítimos del interesado, que comprenden como mínimo el derecho a obtener intervención humana por parte del responsable del tratamiento, a expresar su punto de vista y a impugnar la decisión. La expresión «como mínimo» indica un umbral, por lo que pueden ser necesarias medidas adicionales según el tratamiento.

Solo excepcionalmente. El apartado 4 prohíbe que las decisiones a que se refiere el apartado 2 se basen en las categorías especiales contempladas en el artículo 9, apartado 1, salvo que se aplique el artículo 9, apartado 2, letra a) o g), esto es, el consentimiento explícito o un interés público esencial conforme al Derecho de la Unión o de los Estados miembros, y se hayan tomado medidas adecuadas para salvaguardar los derechos, las libertades y los intereses legítimos del interesado.

La elaboración de perfiles, definida en el artículo 4, punto 4, como el tratamiento automatizado dirigido a evaluar aspectos personales de una persona física, está expresamente incluida, pero solo queda alcanzada por el apartado 1 cuando constituye la base de una decisión exclusivamente automatizada con efectos jurídicos o significativos de modo similar. La elaboración de perfiles que se limita a informar a quien decide no está prohibida por el artículo 22, si bien sigue sujeta a las reglas generales del Reglamento, incluido el derecho de oposición del artículo 21.