En virtud del apartado 2, cada miembro debe poseer la titulación, la experiencia y las aptitudes necesarias para el cumplimiento de sus funciones y el ejercicio de sus poderes, en particular en el ámbito de la protección de datos personales. Las condiciones detalladas de idoneidad corresponden al Derecho de los Estados miembros en virtud del artículo 54, apartado 1, letra b).

El apartado 3 enumera la terminación del mandato, la dimisión y la jubilación obligatoria, de conformidad con el Derecho del Estado miembro de que se trate. La duración del mandato en sí, no inferior a cuatro años, se fija en el Derecho nacional en virtud del artículo 54, apartado 1, letra d).

Únicamente en caso de conducta irregular grave o si el miembro deja de cumplir las condiciones exigidas en el desempeño de sus funciones, como establece el apartado 4. Esta lista cerrada protege a los miembros frente a la destitución por otros motivos, como el descontento con sus decisiones.

Las normas sobre nombramiento, permanencia y destitución dan contenido institucional a la exigencia de total independencia del artículo 52, apartado 1. Un miembro que pudiera ser nombrado de forma opaca o destituido a voluntad no podría permanecer ajeno a toda influencia externa como exige el artículo 52, apartado 2, de modo que los estrictos motivos de destitución del apartado 4 operan como garantía de esa independencia.